Uno de los temas más importantes de los que puedes escuchar sobre la economía de Latinoamérica y el Caribe es la bancarización. Esta se puede definir, de manera simplificada, como la utilización masiva de estructuras financieras por parte de las personas para la realización de transacciones monetarias.
Estas transacciones no sólo incluyen los procesos tradicionales, como servicios de crédito y ahorro; sino también las transferencias de recursos o la ejecución de pagos a través de medios electrónicos, cajeros, productos bancarios, agencias bancarias y dispositivos electrónicos disponibles en la red bancaria.
Teniendo en cuenta esta definición, entenderás lo importante que resulta encontrar soluciones frente a la accesibilidad de los servicios financieros en todas las poblaciones de un país. Y si se habla de economía, sabrás que no se puede reducir este tema a solo un país, por ende, es un buen ejercicio saber cómo está la situación en sistemas económicos como los de Latinoamérica.
Según los datos entregados por el Banco Mundial en su informe “The Global Findex Database 2021”, en Latinoamérica y el Caribe, los países con los índices más altos de bancarización son Chile, Brasil y Venezuela. Siendo más precisos, el primer lugar lo ocupa Chile, con un 87%, Venezuela y Brasil comparten el segundo lugar con un 84%, seguidos de Uruguay con 74%, Jamaica con 73%, Argentina con 72%, Bolivia con 69%, y por último Paraguay con 54%.
Desde una perspectiva general, 73% de los adultos en 2021 tenía cuentas en instituciones financieras de algún tipo. Esto supone un incremento con relación al 68% de 2017 y al 51% en 2011.
El Banco Mundial ha calificado estos datos de manera positiva, la pandemia del Covid-19 movilizó aún más las iniciativas de inclusión financiera en todo el mundo. Lo anterior por medio de diversos mecanismos, como pueden ser los pagos de alivio de emergencia propuestos por los gobiernos.
Sin embargo, sigue existiendo un margen donde la población adulta sigue sin poder acceder a productos bancarios. Por esta razón, es bueno revisar los beneficios de estos y proponer puntos importantes, con el fin de que la población en general siga accediendo a una atención financiera.
Los servicios financieros como los pagos, las cuentas de ahorros y los créditos son uno de los pilares del desarrollo económico de un país. En el caso de las cuentas, ya sean de un banco o institución financiera regulada, posibilitan a sus titulares guardar, enviar y recibir dinero de manera segura. Además, permiten suplir necesidades cotidianas.
Del mismo modo, permite la planificación a situaciones imprevistas y realizar inversiones productivas para el futuro; tales como las relacionadas con la salud, la educación y los negocios.
Se ha demostrado que los hogares y negocios con acceso a servicios financieros, están mejor preparados para enfrentar situaciones de crisis económicas que aquellos que no cuentan con dicho acceso. Debes saber que los productos bancarios digitales, como el dinero móvil, permiten a los usuarios guardar fondos de manera segura y económica.
Igualmente, los servicios financieros permiten mover dinero con rapidez y de manera asequible a lugares distantes, generando remesas y consumos más altos, al igual que más inversiones. Por el contrario, las personas que no tienen una cuenta, deben gestionar su dinero por medio de mecanismos informales como el efectivo, resultando menos seguro y confiable, y aún más costoso que los métodos formales.
Teniendo todo esto en cuenta, te debes preguntar, ¿por qué hay gente sin productos financieros?, ¿y cómo se puede llegar a ellos? Bueno, es posible que los usuarios inexpertos no puedan beneficiarse de la tenencia de su cuenta si no comprenden cómo utilizar los servicios financieros. Asimismo, no tendrán conocimiento para optimizar los beneficios de sus productos y evitar los riesgos de protección al consumidor.
Por tanto, es necesario invertir en el diseño de productos que entiendan las capacidades y los patrones de uso de los consumidores, implementando protecciones sólidas para los consumidores; esto con el fin de garantizar que las personas se beneficien del acceso a los productos financieros y fomentar la confianza pública en el sistema económico.
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